El Tercer Informe Nacional identifica los denominados "países prioritarios" en los que el estado de la protección y la observancia de los DPI es motivo de gran preocupación.

Sobre la base de estas conclusiones, la Comisión centrará sus esfuerzos y recursos en los ámbitos específicos que suscitan preocupación en estos países, con el objetivo de mejorar la protección y el respeto de los DPI en todo el mundo. Como muestra este último informe, China sigue siendo el país más prioritario para la UE, mientras que India y Türkiye siguen siendo países de prioridad 2. Argentina, Brasil, Ecuador, Indonesia, Malasia, Nigeria, Arabia Saudí y Tailandia siguen siendo países de prioridad 3.

El informe también permitirá a los titulares de derechos, en particular a las pequeñas y medianas empresas, tomar conciencia de los riesgos potenciales para su propiedad industrial cuando realicen actividades empresariales en los países prioritarios. También es una fuente de información útil para las autoridades de terceros países.

El Informe sobre Terceros Países forma parte de los esfuerzos de la Comisión Europea por reforzar la protección y la observancia de los DPI en terceros países. Se basa en una consulta específica, así como en otras fuentes enumeradas en el informe. El comercio ilícito de falsificaciones sigue siendo un grave riesgo para las economías modernas, abiertas y globalizadas. Según un estudio conjunto elaborado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) sobre el Comercio mundial de falsificaciones (junio de 2021), los productos falsificados y pirateados representaron hasta el 2,5% del comercio mundial en 2019, y hasta 119.000 millones de euros o el 5,8% de las importaciones de la UE.

Más allá de estos retos, el informe también señala deficiencias relacionadas con: la transferencia forzosa de tecnología; los bajos niveles de protección de los secretos comerciales; los retrasos en los registros de patentes y marcas; los criterios restrictivos de patentabilidad; las preocupaciones sobre los datos reglamentarios; la gestión ineficaz de los derechos colectivos; y las deficiencias en la protección de las obtenciones vegetales y las indicaciones geográficas.

Lea el informe.

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